El número de alegaciones presentadas en las Juntas Electorales de Zona por los miembros elegidos para las mesas electorales del 14F a fin de que se les exima de esta obligación sigue creciendo en Catalunya y ya se superan los 20.500 recursos, cifras que podrían aumentan, porque algunos de estos órganos todavía no han facilitado sus datos.

En el conjunto de Catalunya han sido elegidos unos 82.000 miembros para ser presidentes o vocales de las 9.117 mesas electorales para los comicios autonómicos del 14F, y hasta el momento ya son 20.579 las personas que han presentado alegaciones en las Juntas Electorales de Zona para que se les exonere de esta obligación, lo que supone algo más del 25% del total de ciudadanos elegidos por sorteo.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en las diferentes Juntas Electorales de Zona de la provincia de Barcelona se han recibido hasta ahora 15.865 solicitudes, en las de Tarragona 2.310, en las de Girona, 1.234 y en las de Lleida, 1.170.

La Junta Electoral de la Zona de la capital catalana es la que suma más alegaciones, 8.000 a fecha de ayer, seguida de la de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la segunda ciudad más poblada de Catalunya, con 1.300 solicitudes.

En manos del Govern

Ante el aluvión de alegaciones, la Junta Electoral de la Zona de Barcelona deja en manos del Govern la solución para garantizar la constitución de las mesas electorales el 14F.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, Santiago García, ha explicado que la idea de recurrir a voluntarios para suplir posibles vacantes en las mesas electorales procede de la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia y del Ayuntamiento de Barcelona.

Otras posibles alternativas que se barajan para asegurar que las mesas queden constituidas el 14F podrían ser recurrir a los suplentes de otras mesas cuya presencia ya no sea necesaria al haberse cubierto el cupo o, incluso, hacer un segundo sorteo.

Para el presidente de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, una bolsa de voluntarios «no es la solución más óptima», pero sí la «menos mala de todas ellas». Preguntado, si finalmente se opta por reclutar a voluntarios, por cómo debería hacerse este proceso o cuál debería ser el plazo máximo para tener preparado este plan B, ha recalcado que es el Govern quien debe encargarse de «buscar las soluciones» a esta situación «excepcional», puesto que la función de la Junta Electoral se limita a supervisar el proceso electoral y resolver conflictos.

En cuanto a las alegaciones presentadas por las personas designadas en las mesas para que se les exima de esta obligación, ha explicado que se están resolviendo muchas a favor de los recurrentes en un cifra probablemente algo por debajo del 50%, aunque todavía no se dispone de datos más concretos.