Los síndicos territoriales encargados de la supervisión del referéndum del 1-O han negado que el órgano llegara a ejercer sus funciones, en su declaración como testigos en el juicio contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral acusados de desobedecer al Tribunal Constitucional.

Este miércoles se ha iniciado el juicio contra los cinco letrados y académicos que en octubre de 2017 fueron designados por el Parlament para formar parte del árbitro electoral que debía garantizar la validez del 1-O, quienes cesaron en sus cargos después de que el Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno.

De acuerdo con los testimonios, a finales de verano de 2017 recibieron la llamada de un representante del Parlament que les informó de que habían sido nombrados síndicos territoriales y los emplazó a una reunión en la Cámara catalana, en la que se les comunicó que el órgano había quedado en «suspenso» por el dictamen del TC y que volverían a ponerse en contacto con ellos si se reactivaba el proceso, lo que nunca ocurrió.

En opinión de letrado, la «gravedad» de las sanciones impuestas por el Constitucional, que ya ha dictado sentencia firme sobre el asunto, demuestra que su finalidad era «disuasoria» y «represiva», lo que supondría un doble castigo en el caso de que acabaran condenados también por la vía penal.

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa es que se ha vulnerado el derecho a la libertad de conciencia y la libertad académica de los síndicos, todos ellos letrados o profesores vinculados a la formación universitaria.

La Fiscalía acusa a los miembros de la Sindicatura de haber dictado distintas resoluciones en relación con el referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional había notificado que la consulta quedaba suspendida y les advertía de su obligación de impedirla.

Concentración de apoyo

En apoyo a los acusados han acudido esta mañana a las puertas de la Ciutat de la Justícia el president inhabilitado de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; y los principales líderes de las formaciones independentistas y de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural.

Además, la diputada de la CUP, Dolors Sabater, ha tachado el juicio de «ataque judicial» y lo ve como «una amenaza y un aviso». Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, lo ha calificado de «ataque a la libertad académica y a la libertad de expresión» y ha enmarcado el juicio en una pieza más de la causa que, en su opinión, hay contra el independentismo.