Un juez de Vielha (Lleida) investiga a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y a otros dos cargos de la agencia estatal por la falta de medidas preventivas en una expedición al Val d'Aran en marzo de 2018 en la que dos personas, entre ellas el montañero de Bergara Unai Pérez de Arenaza, murieron por un alud y resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte-Oria.

La presidenta y quienes entonces eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC –agencia que depende del Ministerio de Ciencia– han sido citados a declarar el próximo jueves 27 de mayo por orden de la Audiencia de Lleida ante las «sospechas» de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores, según el auto, al que ha tenido acceso Efe.

El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en la Vall de Conangles que les precipitó por una roca vertical de 90 metros de altura.

Reclutados verbalmente

A raíz del accidente, resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte-Oria contratado como técnico superior para el CSIC, y fallecieron las dos personas que le acompañaban: el conocido alpinista de Bergara Unai Pérez de Arenaza, que tenía 43 años de edad, y el salmantino Gaspar Giner Abati, un biólogo que había trabajado en esta empresa pública.

Ambos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C. –también investigado–, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite administrativo previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizase ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.

Esta situación motivó una demanda por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y el juzgado de lo social número 1 de Lleida reconoció en una sentencia, que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que los fallecidos mantenían una relación laboral con el CSIC a pesar de que esta agencia lo negase.

Las familias como acusación particular

Los familiares de los investigadores fallecidos se han constituido como acusación particular en la causa penal abierta por el accidente y han pedido la imputación de la cúpula del CSIC porque consideran que la expedición, cuyos miembros iban equipados con material proporcionado por la empresa científica, se llevó a cabo sin medidas de prevención.

De hecho, tras el accidente mortal, el CSIC presentó ante la Inspección de Trabajo un plan de riesgos laborales que consta como aprobado en abril de 2018, es decir, un mes después de la fatídica expedición al lago Redon, según un informe incluido en el sumario.

Las familias de los dos fallecidos lograron ya una primera victoria cuando el pasado mes de diciembre el juzgado de lo social número 1 de Lleida concluyó que la prestación de servicios que hicieron al CSIC era «de naturaleza laboral».