El Govern usará finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas español a los ex altos cargos de la Generalitat, una posibilidad que este martes descartó el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró. Así lo ha anunciado este miércoles el propio Giró en la sesión de control al Govern en el Parlament, el mismo día en que vence el plazo para abonar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.

El 6 de julio, el Govern aprobó por decreto la creación de un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los 34 ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por la promoción exterior del procés, pero este martes Giró reconoció que no han encontrado ningún banco que avale las fianzas y descartó recurrir al ICF como plan B, para no poner en riesgo a sus profesionales.

Sin embargo, tras reunirse esta mañana con el president, Pere Aragonès, en el Parlament, el conseller ha anunciado un giro en su decisión: «He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos».

Giró ha afirmado que la decisión de no avalar a través del ICF se tomó «por prudencia» y para «proteger» a los trabajadores del instituto, aunque ha reconocido este miércoles que sus palabras «de algo sirvieron».

«Sirvieron para que haya recibido llamadas de gente del ICF que me ha pedido por favor que por ellos no quede, y que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley», ha señalado en respuesta a una pregunta de la diputada de JxCat Elsa Artadi.

Archivo de la denuncia de CCC

Por otro lado, el juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha archivado la denuncia que Convivencia Cívica Catalana (CCC) presentó contra el Govern por crear el fondo para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas, porque la causa no es de su competencia al dirigirse contra aforados.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la jueza ha archivado la denuncia sin entrar a analizar el fondo del asunto, argumentando que la justicia ordinaria no es la competente para investigar a los miembros del Govern que, como tales, tienen la condición de aforados.

Convivencia Cívica presentó el pasado 7 de julio su denuncia –que se dirigía contra el president Aragonès y sus consellers– en los juzgados de guardia de Barcelona y, por reparto, recayó en manos de la titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona.