Un empresario vizcaino ha sido detenido por la Policía española acusado de explotar laboralmente a sus trabajadores en una nave de Zamudio, donde realizaban jornadas desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana del día siguiente por 5 euros la hora.

Según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno español, el arresto se produjo el pasado 17 de agosto. La operación se inició cuando, en días previos, varios trabajadores denunciaron voluntariamente en la Comisaría de la Policía española de Bilbo que estaban siendo explotados laboralmente por su empleador.

Tras comprobar la gravedad y veracidad de los hechos narrados por estas víctimas, los investigadores les concedieron el carácter de testigos protegidos.

Los trabajadores contaron que, al no tener permiso de residencia, su jefe no les había formalizado contrato alguno, percibiendo un sueldo de cinco euros por hora efectiva de trabajo.

Relataron que cuando sufrían algún accidente laboral como consecuencia de su trabajo y tenían que acudir a los servicios médicos, el dueño les aleccionaba para que no mencionara ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones.

Además, explicaban que, ocasionalmente, hacían lo que su jefe denominaba una «maratón», consistente en trabajar desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana del día siguiente, teniendo solo una hora libre para comer mientras permanecían toda la noche encerrados en las instalaciones de la empresa.

La mitad, sin residencia ni contrato

Por todo ello, agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbo y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia inspeccionaron la empresa, situada en el polígono industrial Ugaldeguren (Zamudio), identificando en su interior a un total de ocho trabajadores.

De ellos, cuatro estaban sin permiso de residencia ni contrato de trabajo, por lo que se detuvo al empresario que regentaba el negocio.

El empresario ha quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales y con la obligación de presentarse ante el juzgado que instruye la causa.

Se le acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, enfrentándose, además, a una posible sanción económica de más de 70.000 euros por infringir la legislación en materia laboral y de Seguridad Social.