Amnistía Internacional (AI) ha acusado al Estado de Israel de ejercer un apartheid contra la población palestina mediante un «cruel sistema de opresión y dominación» en un exhaustivo informe publicado este martes que documenta desde 2017 casos como «homicidios ilegítimos», confiscaciones masivas o desplazamientos forzosos.

Según AI, «las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer apartheid» contra los palestinos, ya que constituye un crimen de lesa humanidad, según las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Convención contra el Apartheid.

Este sistema de control abarca tanto a los palestinos que viven en Israel, como a los que habitan los territorios palestinos ocupados –unos 5,3 millones según el último censo palestino– y a la población refugiada en otros países.

El exhaustivo informe de 182 páginas documenta «cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid».

«Los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. Las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid», asevera el informe que ha sido presentado en rueda de prensa en Jerusalén por la nueva secretaria general de AI, la exrelatora de la ONU Agnès Callamard.

El informe señala que las autoridades israelíes promulgan medidas para «negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como las draconianas restricciones a la circulación, la falta de inversión crónica y discriminatoria en las comunidades palestinas en Israel, y la negación a la población palestina refugiada de su derecho a retornar».

Amnistía también da cuenta de traslados forzosos, detenciones administrativas, torturas y homicidios ilegítimos tanto en Israel como en Cisjordania ocupada o la Franja de Gaza, donde entre 2018 y 2019 se produjeron «marchas del retorno», protestas semanales a lo largo de la valla fronteriza, desde donde tropas israelíes disparaban a los manifestantes y mataron a al menos 214 civiles, incluidos 46 menores.

Amnistía denuncia que Israel, desde el establecimiento de su Estado en 1948, impulsa políticas para mantener una mayoría demográfica judía y maximizar el control sobre tierras, propiedades y recursos de los israelíes, al considerar a la población palestina una «amenaza demográfica».

Además, considera que desarrolla planes oficiales para «judaizar» zonas de Israel y Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén este, donde se producen expulsiones y demoliciones de casas de familias palestinas.

Según AI, la ocupación militar israelí ha provocado que la población palestina esté «fragmentada geográfica y políticamente» y experimente «diversos niveles de discriminación según su residencia».

En Cisjordania y Gaza, donde Israel controla el registro civil, los palestinos son considerados apátridas y necesitan tarjetas del Ejército israelí para moverse y trabajar en los territorios ocupados.

Ante esta situación, la organización reclama al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas y municiones a Israel e imponga sanciones selectivas como el bloqueo de activos a las autoridades israelíes más implicadas en el apartheid.

«Israel debe desmantelar el sistema de apartheid y empezar a tratar a la población palestina como a seres humanos con iguales derechos y dignidad», ha apuntado Callamard.

No es la primera vez que organizaciones de derechos humanos se refieren al régimen de apartheid para describir la situación de los palestinos en los territorios controlados por Israel, un término que ya acuñó la ONG israelí Btselem en enero de 2021 y que Human Rights Watch (HRW) documentó en otro informe el pasado abril, después de que grupos palestinos llevaran años denunciándolo.

El informe ha sido presentado el día en el que las autoridades penitenciarias israelíes han concedido este martes la libertad condicional a la trabajadora humanitaria Juana Ruiz, condenada a 13 meses de cárcel tras aceptar un acuerdo de culpabilidad para rebajar la pena.

Israel acusa a AI de «antisemita»

Antes incluso de la publicación del informe, el Gobierno israelí accedió a su contenido y reaccionó con vehemencia al tildar a AI de «antisemita» por «negar el derecho a existir del Estado de Israel» y «usar un lenguaje extremista».

«El informe consolida mentiras recicladas, inconsistencias y afirmaciones infundadas originadas por organizaciones bien conocidas de odio antiisraelí, todas ellas con el objetivo de revender bienes defectuosos en un nuevo paquete», ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí antes de la publicación del informe.

«Repetir una y otra vez las mismas mentiras de las organizaciones de odio no hace que estas mentiras sean realidad, sino que hacen que Amnistía sea ilegítima», ha manifestado.

Así, ha señalado que «al publicar este informe falso, Amnistía Internacional usa un doble rasero y una demonización para deslegitimar a Israel». «Son exactamente los mismos componentes con los que se hace el antisemitismo moderno», ha denunciado.

«El informe niega el derecho a existir del Estado de Israel como Estado nación del pueblo judío. Su lenguaje extremista y la distorsión del contexto histórico fueron diseñados para demonizar a Israel y añadir combustible al fuego del antisemitismo», ha apuntado.

Las acusaciones han sido formuladas a pesar de que la ONG ha resaltado al publicar el informe que «no cuestiona el derecho de Israel de ser un hogar para la población judía» o que «el hecho de que Israel se autodenomine Estado judío indique en sí mismo la intención de oprimir y dominar».

Pese a ello, el Ministerio ha recalcado que «unos pocos días del Día Internacional en Recuerdo del Holocausto, se aprende de nuevo que el antisemitismo no es sólo parte de la Historia, sino que desafortunadamente es parte de la realidad actual».

«Las alegaciones de Israel se basan en mentiras que buscan eludir el escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos. Nosotros reconocemos el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación y el derecho a existir del Estado de Israel», se ha defendido Callamard.

«No criticamos el hecho de que haya un Estado judío, pero sí pedimos que ese Estado judío respete los derechos de todo el mundo viviendo bajo su control y en su territorio», ha añadido.

La ANP celebra el informe

La Autoridad Palestina (ANP) ha celebrado la publicación del informe y el Ministerio de Exteriores ha afirmado en una nota que se trata de «una afirmación detallada de la cruel realidad del racismo arraigado, la exclusión, la opresión, el colonialismo, el apartheid y el intento de borrado que el pueblo palestino ha soportado desde la Naqba (con la creación de Israel en 1948)».

Las autoridades palestinas urgieron al fiscal de la Corte Penal Internacional a incluir sin demora el posible crimen de apartheid en la investigación que tiene abierta y exigió una rendición de cuentas.

«Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Asamblea General prestar atención a las pruebas convincentes presentadas por Amnistía y otras importantes organizaciones de derechos humanos para que Israel rinda cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino, incluso mediante sanciones», señala.

Para la ANP, el informe de AI que aborda la situación de la población palestina tanto en Israel como en los territorios ocupados es «una realidad en la que el Estado está estructurado para mantener la dominación judía israelí asegurando la negación perpetua de los derechos fundamentales y nacionales del pueblo palestino».