La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, ha confirmado este mediodía de jueves que el Gobierno de Lakua ha desestimado las peticiones de miembros de las FSE de ser reconocidas como víctimas de violencia estatal. Según habían adelantado agencias, se les indica que haber sufrido ataques de ETA o similares no encaja en la catalogación de víctimas «por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal».

NAIZ informó el pasado 26 de diciembre de este intento de fraude perfectamente planificado, explicando que eran unas 300 solicitudes. Artolazabal ha elevado el número este jueves, y con ello el escándalo: se han desestimado unas 510, de ellas 460 correspondientes a agentes de las FSE, sobre todo guardias civiles, y 50 de víctimas de ETA.

El total de solicitudes de reconocimiento en el periodo que cubre esta ley (1978-1999) se ha acabado elevando a 1.220. Es decir, casi la mitad de ellas han sido fraudulentas.

Artolazabal ha reconocido el hecho, pero insistiendo al mismo tiempo en las «intolerables» vulneraciones de derechos humanos padecidas por agentes de las FSE. Y es que el sindicato de la Guardia Civil Jucil, en la primera valoración tras esta noticia, ha lamentado que Lakua deniegue sus peticiones «días después de admitiera que sufrieron 'una injusticia intolerable'».

«Discriminar y segregar a estas víctimas (de las FSE) en una norma que pretende la reparación de todos aquellos que vieron sus derechos vulnerados en aquellos años supondría la comisión de una injusticia más», ha dicho en una nota el secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, obviando que ya existen normativas (bastante más antiguas e incluso con más dotación económica) para los casos definidos como «víctimas del terrorismo».

Así, Artolazabal les ha recordado recordado que los damnificados por la violencia de la desaparecida ETA ya cuentan desde 2008 con una ley vasca específica de reparación, además de las normas estatales.

Preguntada a qué se debe que se hayan presentado tantas peticiones por parte de miembros de las FSE, la consejera ha opinado que tal vez han entendido que en algunos de los apartados podrían caber sus reclamaciones. Lo cierto es que ha sido una campaña perfectamente premeditada y orquestada, como refleja su publicación en medios de derecha española o las ofertas de asesoría jurídica para recorrer este camino.

En sus dictámenes, individualizados, la comisión de valoración de estas peticiones explica que ha podido determinar que los solicitantes son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que relatan «haber sufrido violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno».

Se les recuerda en la respuesta que el espíritu de la llamada ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la CAV es «amparar aquellas violaciones de derechos humanos que tienen su origen en la intervención de funcionarios públicos o particulares que, de alguna manera, han contado con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de instancias públicas».

«Se diluiría su objeto de regulación»

Volviendo al dictamen de la comisión de valoración sobre estos casos, insiste por unanimidad en que la violación de los derechos humanos para tener encaje en el ámbito de aplicación de esta ley debe tener «un nexo más o menos inmediato con la actividad de los poderes públicos y del Estado».

«Si se perdiera la conexión con la actuación del Estado, la apertura del ámbito de la ley sería total y con ello se diluiría por completo su objeto de regulación, invadiendo otros sectores de regulación ajenos al mismo como, por ejemplo, el propio y específico del terrorismo», recalca.

Por ello, la comisión establece que las solicitudes cursadas por miembros de las FSE que «describen haber sufrido violencia, agresiones u otro tipo de actuaciones de terrorismo» por ETA o su «entorno» no deben aceptarse porque «no se hallan incluidas en el ámbito de esta ley». «Ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado», remarca.

Por cada petición real ya admitida, hay casi diez fraudulentas rechazadas

Esta denegación, firmada por el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación de Lakua, José Antonio Rodríguez Ranz, también se ha dado para casos de personas que sufrieron «violencia de motivación política por parte de ETA o elementos de su entorno» sin ser guardias civiles o policías.

Se reitera que es cierto que para establecer una vinculación con el Estado no es «requisito inexcusable» ser personal funcionario, ya que se admite que la violación de los derechos pudieron llevarla a cabo «particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual o incontrolada».

Aclara que entender «este inciso como una apertura a la inclusión en el ámbito de cualquier tipo de actuación de motivación política es tanto como ignorar la voluntad de la ley».

Habrá que ver si el intento de fraude acaba con esto, puesto que hay opción de interponer recursos. Sin olvidar que pronto se abrirá el plazo para inscribirse como víctima en Nafarroa en una ley similar a la de la CAV, donde podría reproducirse este intento de sabotaje policial.

Cinco veces más torturados

Por otro lado, la publicación final del total de solicitudes recibidas confirma lo que ya avanzaron Egiari Zor o el coportavoz de la comisión de valoración Jon Mirena Landa: el proceso ha quedado muy por debajo de las expectativas. Si se restan esos 510 fraudulentos a los 1.220 totales, se aprecia que el total de peticiones de reconocimiento ni siquiera llega a la quinta parte de las personas ya censadas como torturadas de modo oficial (casi 4.000 en la CAV).

Egiari Zor, fundación que reúne a víctimas de violencia estatal, lo atribuye en gran parte a la falta de publicidad, de medios y de compromiso político real con estas personas, que tiene como manifestación permanente la discriminación en los discursos públicos o las políticas de memoria. Esto es lo que señalaron Ainara Esteran y Tasio Arrizabalaga en una entrevista en NAIZ.

El ritmo del proceso también está siendo muy lento. De momento solo ha trascendido la aceptación de 35 solicitudes, presentadas en un acto en junio pasado.

Con ello puede hacerse otro cálculo ilustrativo de la situación: por cada petición real ya admitida, hay quince fraudulentas rechazadas.