La nueva versión del plan de contingencia energética presentada este jueves por el Gobierno de Lakua pretende contribuir a la reducción del consumo de gas y energía, siguiendo las directrices acordadas en el marco de la Unión Europea.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha comparecido en Bilbo para anunciar las principales novedades de un plan que, a pesar de que ya se ha enviado al ministerio español de Transición Ecológica, se mantiene «vivo y flexible» para recibir nuevas aportaciones.

Entre las medidas que se recogen en el nuevo plan figuran las referentes a la generación y demanda energética, a redes eléctricas o al sistema gasista, y pone el punto de mira tanto en el ámbito público como en el privado.

El plan ha recibido las aportaciones de distintos departamentos del Gobierno de Lakua, como Emakunde o Educación, de las tres diputaciones forales y Eudel, de Confebask y de partidos políticos como Elkarrekin Podemos o el PSE.

Con una visión «más amplia y ambiciosa» con participación público-privada, Tapia ha señalado que el documento «no tiene un carácter coercitivo». «No vamos a poner multas. Será un programa de ayuda, lo hemos creado con esa intención», ha explicado la consejera.

«El objetivo de reducción del consumo de gas a alcanzar por Euskadi entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 sería de 3.250 GWh en el escenario del -15% y de 1.520 Gwh en el escenario del -7%», apunta el texto. A su vez, Tapia ha explicado que para conseguir alcanzar el objetivo planteado, una parte de esa reducción debería afectar al sector industrial, por lo que ha planteado la posibilidad de recuperar el «mecanismo de interruptibilidad» que ya existía en el mercado eléctrico.

«Desde el punto de vista de la demanda, del consumo, hablamos de recuperar el mecanismo de interruptibilidad con más recursos y de una forma más amplia a la que existía hasta estos momentos para la electricidad, y que se pueda utilizar también en el caso del gas», ha explicado Tapia.

Dicho mecanismo consiste en una «serie de subastas» para que, «si en un determinado momento se necesitan recursos de gas o de electricidad», una empresa apague o reduzca voluntariamente su consumo de energía a cambio de «recursos adicionales definidos previamente por regulación». Aunque hasta el momento solo existe para el mercado eléctrico, Lakua propone que también se active en el caso del gas.

Administración pública

En cuanto al papel de la administración pública, se ha ampliado el catálogo de programas existentes, incorporando nuevas casuísticas y sugerencias en materia de climatización, termostato, iluminación, aparatos de consumo de electricidad, agua y residuos, aislamiento, control de consumos, autoconsumo renovable, movilidad sostenible y sensibilización e información.

Como ejemplo, Tapia ha hablado de la actuación en los centros educativos que son responsabilidad directa del departamento de Educación pensadas en el ahorro de energía, tasadas en más de 6 millones de euros. «Estas actuaciones pueden ser luminarias, pueden ser termostatos que permitan trabajar de una forma distinta la calefacción, pueden ser sensores de presencia… Se han identificado una serie de actuaciones que van a poner en marcha de forma directa desde el departamento», ha apuntado.

Emakunde, por su parte, ha aportado la perspectiva de género al documento, en lo relativo a la iluminación de algunas zonas de seguridad o la temperatura que puede soportar una mujer embarazada. «Se trata de circunstancias especiales que debemos tener en cuenta», ha destacado la consejera.

Finalmente, el documento recoge hasta 30 iniciativas de futuro, a medio y largo plazo, en la apuesta de la generación de energías limpias como el biogás, biometano, biomasas, hidrógeno, energía fotovoltaica y geotermia. En palabras de Tapia, estas energías son «más eficientes» y, además, ayudarían a alcanzar el objetivo de la descarbonización.