El juicio con jurado contra los seis jóvenes acusados de la muerte de Santi Coca en Donostia en abril de 2019 tendrá lugar en marzo de 2023, según informa Efe fuentes del caso.

En esta vista, que arrancará el 3 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa y que se prolongará las dos semanas siguientes, cada uno de los seis acusados se enfrentará a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como de la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima.

Ambas partes solicitan además que se impongan a todos ellos multas de 900 euros y que compensen a los allegados del fallecido con 350.400 euros en el caso del Ministerio Público, y con 1.300.000 euros en el de la acusación particular.

El Ayuntamiento de Donostia, personado en la causa como acción popular, reclama veinte años de cárcel para uno de los procesados, al que atribuye haber propinado a Coca la «última y brutal patada en la cabeza» cuando el joven ya había perdido el conocimiento, y quince para los otros cinco.

Por su parte, las defensas de los seis acusados solicitan la libre absolución de sus clientes.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, difundido por Efe, los hechos sucedieron sobre las 5.00 horas del 26 de abril de 2019, «en el seno de una discusión» que tuvo lugar en la calle Ijentea, a la altura de la salida de emergencia de una céntrica discoteca donostiarra.

El documento del Ministerio Público explica que, en este contexto, dos de los procesados presuntamente «propinaron» a Santi Coca, de 17 años, «reiterados puñetazos en la cabeza» con ánimo de «menoscabar su integridad corporal».

Uno de ellos, precisa el texto, lo condujo hasta la pared exterior de la discoteca «agarrándolo fuertemente del cuello», al tiempo que el otro, «reforzando la acción de su compañero», presuntamente continuó «propinándole repetidos puñetazos y patadas».

La víctima «cayó derrumbada al suelo» debido «a los golpes recibidos», momento en el que sus amigos intentaron acudir en su auxilio si bien, «al percatarse de la situación», los otro cuatro procesados apoyaron a los dos agresores «separando» a los acompañantes de Santi Coca.

La Fiscalía sostiene que, de esta manera, estos cuatro inculpados presuntamente «aseguraron la acción» de los agresores «asumiendo» que con ello «podrían causar la muerte» del menor «al garantizar que no tuviera medio de defensa».

En esta tesitura, el hermano de la víctima y uno de sus amigos lograron tumbarse sobre el menor «para protegerlo» y cubrirlo con sus cuerpos, de forma que ellos también habrían recibido «numerosas patadas y puñetazos» que les ocasionaron distintas lesiones, tras lo cual los inculpados abandonaron el lugar.

El documento de la Fiscalía recuerda que Santi Coca ingresó en el Hospital Donostia a las 5.16 horas en parada cardiorrespiratoria, de la que fue «reanimado cardiopulmonarmente durante 40 minutos», tras lo que se le practicó una tomografía computerizada que desveló la existencia de una hemorragia subaracnoidea extensa. Dos días más tarde, el 28 de abril, falleció a consecuencia de la destrucción de centros vitales encefálicos motivada por el citado sangrado.

Nuevo informe

Un informe forense solicitado por la Fiscalía de Gipuzkoa durante la fase de instrucción dio un giro inesperado a este caso en mayo de 2021, al revelar que la muerte del menor tuvo un «origen traumático» y fue «de etiología medico legal homicida».

Este informe buscaba «determinar el origen de la hemorragia cerebral subaracnoidea» que causó la muerte de Santi Coca ante la existencia de dos escritos del Servicio de Patología Forense de Gipuzkoa con «conclusiones diferentes» sobre este extremo.

En concreto, un informe «histopatológico» señalaba que los hallazgos en el polo cefálico eran «compatibles con un mecanismo traumático», mientras que la autopsia concluyó que «eran posibles» tanto el origen natural como el traumático.

Precisamente este último dato fue el que, en febrero de 2020, llevó a los seis acusados a solicitar su puesta en libertad provisional a la espera de juicio, que finalmente fue decretada por el juzgado del caso con medidas cautelares para evitar el riesgo de fuga y garantizar su disponibilidad ante la justicia.