El que fuera alcalde del PNV en la localidad vizcaína de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, será juzgado finalmente por supuesta prevaricación el 18 de octubre, junto a otras cuatro personas, tras no haber cumplido el conjunto de acusados el acuerdo que alcanzaron el pasado mes de enero para devolver el dinero defraudado y eludir de esta forma su ingreso en prisión, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Erezuma se sentará en el banquillo de los acusados junto a dos responsables de una constructora, un arquitecto y una asesora municipal, a los que se atribuye delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no ejecutaron.

Los encausados se declararon culpables en el pacto alcanzado entre las partes a comienzos de este año. Los procesados además de aceptar diez años de inhabilitación y dos años de cárcel (por lo que evitaban su ingreso en prisión al no tener antecedentes penales), se comprometieron a devolver el dinero defraudado (681.000 euros más intereses).

Sin embargo, al concluir el plazo dado para la reparación económica al Consistorio (20 de abril) sin que se hubiese llevado a cabo, EH Bildu reclamó la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir que se reactive el proceso judicial. La moción fue aprobada por unaminidad.

Por ello, ahora se ha reactivado la vía judicial, y Erezuma y sus 4 compinches serán juzgados el 18 de octubre.

La Fiscalía solicita para ellos seis años de prisión, mientras que la acusación popular, que ejerce EH Bildu, pide ocho años al considerar que fueron delitos continuados.

Según las acusaciones, los hechos se remontan al año 2011, cuando el Ayuntamiento pidió una subvención a la Diputación de Bizkaia para la reparación de unos desperfectos causados por la lluvia. La ayuda no se utilizó para esa finalidad, sino para pagar a una empresa constructora una deuda que el Consistorio había contraído por una obra.

Los encausados se habrían puesto de acuerdo para cometer el fraude. De esta forma, realizaron presuntamente certificaciones falsas para justificar los arreglos.

En este reportaje se exponen las claves del caso: ‘Alonsotegi, el pueblo que vivió durante ocho años en la burbuja de la impunidad’. Todos los alcaldes jeltzales que ostentaron el cargo entre 2003 y 2015 han sido imputados en diversos casos de prevaricación y malversación.