Según ha informado la agencia Europa Press citando fuentes conocedoras del caso, tres técnicos de Medio Ambiente de Lakua han sido citados a declarar como investigados por el citado juzgado el próximo 28 de febrero de 2023.

En concreto, se les cita como técnicos pertenecientes al servicio de Inspección de Viceconsejería de Medio Ambiente que «intervinieron» en el momento de la concesión a Verter de la Autorización Ambiental integrada del 24 de marzo de 2011, que «dotó de efectividad la AAI de 22 enero de 2007 y permitió el inicio de la explotación del vertedero».

Asimismo, a una de estas tres personas, se la cita, a su vez, al haber intervenido en las inspecciones programadas durante el ejercicio 2017.

El vertedero de Zaldibar, gestionado por la empresa Verter, colapsó el 6 de febrero de 2020 y el derrumbe sepultó a dos trabajadores Alberto Sololuze, cuyos restos mortales se localizaron en agosto de ese año, y a Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo no se encontró tras unos trabajos que se prolongaron durante 15 meses y en los que se excavaron y rastrillaron 450.000 metros cúbicos de tierra.

Procesos judiciales

En torno al desastre de Zaldibar ha habido dos procedimientos judiciales. El primero, por el fallecimiento de los dos trabajadores, se cerró en setiembre de 2021 con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, los tres responsables de Verter Recycling, empresa propietaria del vertedero, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos, y eludieron así entrar en la cárcel.

Los tres acusados eran el dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui.

Es en el segundo proceso judicial, abierto por el juzgado de Durango contra los responsables de Verter por presuntos delitos medioambientales y de salud pública, donde se han dado las citaciones de los técnicos del Departamento de Medio Ambiente de Lakua.

Responsabilidades

Recientemente, en base a un informe de tres páginas de la Comisión Europea que avalaba la actuación llevada a cabo por Lakua y concluía que no se había detectado «ninguna violación» de la legislación de la UE, Arantxa Tapia reivindicaba que su Gobierno no había tenido ninguna relación con el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

En su informe, la comisión mencionaba la existencia de un estudio de estabilidad de 2018 que evidenciaba la existencia de problemas en el vertedero «y que fue ocultado al Gobierno Vasco». Esa sería la base para exculparles por hacer dejación de su función de vigilancia.

No obstante, el consejero Iñaki Arriola reconoció en el Parlamento que hubo una reunión entre la Administración y la empresa el 21 de enero, solo 16 días antes del derrumbe. En varios informes oficiales se recogían diferentes grados de riesgos e incumplimientos de la normativa, y no había un seguimiento de si se habían arreglado o no.

Muchas de las incógnitas sobre el desastre de Zaldibar siguen sin aclararse, y el proceso judicial del juzgado de Durango debería poner luz sobre qué pasó y quienes son los responsables. Ahí se enmarcan las diligencias conocidas este sábado.

Coste de operación

El Gobierno de Lakua ha valorado en 28,7 millones de euros los costes asumidos por la administración vasca tras el derrumbe, pero Verter Recycling no ha abonado ninguna cantidad, según admitió recientemente la consejera Arantxa Tapia.

Tras concluir el período de pago voluntario de la deuda sin haber recibido ningún pago, Lakua inició el procedimiento correspondiente para cobrar dicha cantidad ante la administración concursal, que es la responsable del vertedero porque Verter está en situación de concurso.