![Las ministras Yolanda Díaz, Carolina Darias e Isabel Rodríguez, en la comparecencia tras el Consejo de Ministros.](/media/asset_publics/resources/000/974/602/article_main_landscape/diaz-darias-rodriguez.jpg)
El Consejo de Ministros español ha aprobado este martes la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, hasta los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. En total, serán 15.120 euros anuales.
La subida, que será con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y que fue pactada solo con UGT y CCOO –las patronales la rechazaron–, afecta a unos 2,5 millones de trabajadores.
Para los empleados de hogar que trabajen por hora, la hora trabajada se pagará en 2023 a 8,45 euros, resultado de incluir todos los conceptos retributivos, gratificaciones extraordinarias, descansos y vacaciones.
En el caso de los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, la cuantía del salario no podrá ser inferior a los 51,15 euros por jornada legal en actividad.
La subida del 8% acordada entre el Gobierno español, CCOO y UGT para este año es la más elevada desde 2019, cuando esta renta mínima se revalorizó un 22,3%. En 2020, la subida fue del 5,6% y se prorrogó durante 2021, hasta que en septiembre de ese año se aprobó un nuevo aumento del 1,6%, de aplicación a partir del 1 de ese mes hasta el 31 de diciembre de 2021. En 2022, el SMI subió un 3,6%, hasta los 1.000 euros en 14 pagas.
Sin embargo, la cifra pactada entre el Ejecutivo y los sindicatos para este año se encuentra algo por debajo de la banda alta recomendada por la Comisión de Expertos a la que Trabajo encargó los estudios del SMI. El informe presentado por esta Comisión estableció una horquilla de subida para 2023 de entre el 4,6%, hasta los 1.046 euros, y el 8,2%, hasta los 1.082 euros.
El monto final también resulta algo menos ambicioso de lo que reclamaban los sindicatos. UGT reclamaba un SMI de 1.100 euros mensuales, mientras que CCOO se movía entre esos 1.082 euros de la banda alta de los expertos y los 1.100 euros.
Díaz: «Permite cambiar la vida de la gente»
La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que, con el alza del SMI hasta los 1.080 euros, el Ejecutivo del PSOE cumple con su compromiso de legislatura de situar esta renta mínima en el 60% del salario medio estatal, como establece la Carta Social Europea.
Ha resaltado que el SMI «es una variable que permite cambiar la vida de la gente», de forma que su ascenso hasta los 1.080 euros al mes permitirá, por ejemplo, que «una madre compre pescado o fruta de temporada a sus hijos».
Junto a ello, ha subrayado que el SMI tiene «una afectación muy fuerte» en el consumo y la demanda interna, dinamiza la economía y supone «la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y para avanzar en la igualdad retributiva» entre mujeres y hombres.
«La herramienta más feminista y para mejorar en derechos sociales de las mujeres se llama SMI», ha dicho, tras recordar que mujeres y jóvenes serán los más beneficiados por la subida del SMI a 1.080 euros mensuales.
Al mismo tiempo, la titular de Trabajo ha destacado que el SMI también tiene «bondades transversales» en el ámbito social, pues tiene un «impacto clave» en la pobreza infantil, en la esperanza de vida y en la salud mental. «Si uno tiene un salario un poquito mejor, tiene más tranquilidad para poder pagar las facturas», ha indicado.
EH Bildu pide adecuar el SMI a la realidad de cada territorio
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha valorado que la subida del SMI demuestra «que se puede pueden tomar medias justas para los trabajadores sin el beneplácito y sin aceptar el veto de la patronal» y se ha preguntado «por qué no se ha hecho en otras ocasiones».
Junto a ello, Matute ha reclamado adecuar el SMI «a las diferentes realidades socioeconómicas que se viven en cada territorio» porque «con 1.080 euros no se puede vivir con dignidad en el conjunto del Estado porque la realidad socioeconómica es diferente, los precios son diferentes y porque pagar una vivienda o acceder a la alimentación es diferente» en cada territorio.
«Nos parece bien que haya un suelo común de 1.080 euros pero las comunidades tienen que tener la capacidad y posibilidad de adecuar ese SMI a sus realidades para garantizar el objetivo de estas subidas, que es dignificar las condiciones de vida de los y las trabajadoras».
Por otro lado, el diputado vasco ha considerado «llamativo» que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «haya modificado su relación laboral con la patronal a la vez que se niega como representante de la CEOE a que suba el SMI».
«Resulta paradójico que la persona que va a cobrar 400.000 euros brutos al año tenga dificultades de índole ético para subir el salario a los y las trabajadoras, porque mientras la CEOE se niega a sentarse a debatir el aumento del SMI ellos ellos siguen aumentando sus salarios», ha reprochado.
ELA: «Perpetuar la brecha salarial»
El sindicato ELA ha criticado en una nota que el aumento del SMI aprobado por el Gobierno español «no garantiza para Hego Euskal Herria el salario mínimo establecido por la Carta Social Europea», por lo que ha demandado un salario mínimo de 1.400 euros, que es el equivalente al 60% del salario medio en Nafarroa y en la CAV.
A su juicio, limitar el salario mínimo con el 60% del salario medio español supondrá «perpetuar la brecha salarial» que sufren las empleadas del hogar y, en general, «condenar a la pobreza a los trabajadores que perciben el SMI».
«Las 55.000 personas trabajadoras a las que se aplica el salario mínimo en la CAPV (no hay datos oficiales de Navarra) necesitan un salario que les permita residir en Hego Euskal Herria», ha señalado para reclamar un SMI fijado «en función de la situación de cada territorio».
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