‘The New York Times’, que cita a cuatro personas conocedoras del asunto, señala que la primera imputación por delitos criminales a un expresidente de Estados Unidos se anunciará en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Donald Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

«Por primera vez en la historia de nuestra nación, un presidente ha sido imputado. Me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino el principio», ha declarado el antiguo abogado de Trump, Michael Cohen, recoge la CNN.

Este caso del pago a la actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, el más inmediato de los varios que acorralan a Trump, ha durado casi cinco años y se centra en un pago de 130.000 dólares (119.000 euros) que le hizo –presuntamente a cambio de su silencio sobre una relación sexual en 2006– durante la campaña electoral que lo acabó llevando a la Casa Blanca en 2017.

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se ha producido.

Hasta el miércoles, se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta fines de abril.

Por su parte, ‘The Wall Street Journal’ sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones –que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones– un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.

La modelo Karen McDougal, que fue ‘chica Playboy’ del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con ‘The National Enquirer’ a cambio de 150.000 dólares (137.500 euros al cambio de hoy), pero el diario –cuyo propietario es amigo de Trump– compró su testimonio para ocultarlo.

El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad.

La posibilidad de que el exmandatario acabara siendo imputado por esta causa se barajaba ya desde hacía varias semanas, e incluso el propio Trump había creado recientemente la «falsa expectativa» de que su detención sería inminente, según denunció el pasado jueves el fiscal de Manhattan.

Trump dice que no tendrá un juicio justo en Nueva York

Horas después de que se conociera su imputación Trump ha dicho que no puede tener un juicio justo en Nueva York.

En su red Truth Social, Trump, que previamente había cargado contra el Partido Demócrata y el presidente Joe Biden, ha atacado la imparcialidad del tribunal neoyorquino que lo tiene que juzgar.

«Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el pueblo estadounidense, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York», ha ecrito.

Poco antes, Alvin Bragg, el fiscal que formalizará los cargos tras haber escuchado al gran jurado -que es el que decidió la imputación del expresidente-, había dicho en un breve comunicado que ya estaba negociando con el abogado de Trump «su entrega» para que le sean leídos los cargos.

Por su parte, una de las abogadas de Trump, Susan R.Necheles, ha dicho al rotativo ‘The New York Times’ que Trump tenía previsto entregarse el próximo martes para escuchar formalmente la acusación.

Además de esa declaración, Trump ha posteado en su cuenta de Truth las palabras de varios aliados republicanos que han protestado con vehemencia contra la imputación, además de una caricatura donde se le ve a él mismo sosteniendo una pizarra, al estilo de los acusados en una comisaría, en la que se lee: «Donald Trump 2024, sigue siendo la amenaza número 1 al sistema».

Así pues, no está claro si Trump se presentará voluntariamente -como dijo su abogada- o se resistirá, para lo cual contaría con la ayuda de su correligionario el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Apoyo republicano

Un gran número de cargos del Partido Republicano ha considerado este jueves que la imputación del ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) es una «caza de brujas» y han advertido de que la población estadounidense «no la tolerará».

«La población estadounidense no tolerará esta injusticia, y la Cámara de Representantes pedirá cuentas a (el fiscal) Alvin Bragg y su abuso de poder sin precedentes», ha dicho el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy.

Para el legislador conservador, el fiscal «ha dañado de forma irreparable el país en un intento por interferir en la elección presidencial».

El senador Lindsey Graham, aliado de Trump e involucrado en otro de los casos legales del expresidente -el del intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia-, también ha criticado la imputación.

Graham, que ha tenido una conversación por teléfono con Trump después de conocerse la noticia, aseguró en una entrevista recogida por ‘The Washington Post’ que el exmandatario le dijo que «están usando la ley como un arma», algo con lo que el senador se ha mostrado de acuerdo.

Sin embargo, se ha desmarcado de la idea de convocar protestas por la imputación, algo que el propio exmandatario hizo hace poco más de una semana cuando avanzó que esperaba ser arrestado.

La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, ha coincidido en que se trata de una decisión con motivaciones políticas.

Acusación a dirigentes republicanos

La Fiscalía de Nueva York ha acusado este viernes a destacados congresistas republicanos de interferir en el proceso judicial abierto contra Trump tras constatar exigencias «sin precedentes» por parte de los comités que presiden en la Cámara de Representantes para recabar información bajo secreto de sumario.

La Fiscalía ha realizado esta acusación a través de una carta dirigida a los presidentes republicanos de los principales comités de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU: el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan; el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil y el presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas, James Comer.

En la misiva, la Fiscalía lamenta «una petición sin precedentes» formulada por estos comités «para obtener información confidencial sobre el estatus de la investigación, ahora imputación, del señor Trump».

Tras recordar a los congresistas que la Fiscalía no puede difundir datos relativos a la investigación contra el magnate «para proteger la integridad y la independencia de estos procedimientos», los abogados del Estado acusan a los congresistas de usar esta negativa para formular «acusaciones sin base e inflamatorias» de que la Fiscalía está actuando por motivos políticos al rechazar estas peticiones.

«El señor Trump, como cualquier otro demandado, está capacitado para responder ante un tribunal a las acusaciones que se le imputan pero el señor Trump ni el Congreso pueden interferir con el curso ordinario de los procedimientos», señala la carta, recogida por Bloomberg.

«Pedimos que se abstengan de realizar esta clase de acusaciones infundadas, renuncien a sus peticiones para obtener información y permitan que el procedimiento de justicia penal prosiga sin interferencias políticas ilegales», concluye la Fiscalía.

Maraña de procesos

El caso por el que Trump ha sido imputado no es el único proceso en el que el magnate, de 76 años, se ha visto envuelto, y de hecho tiene varios abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual.

Trump, que en noviembre anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, puede ver sus objetivos políticos seriamente obstaculizados si prosperan algunos de estos casos pendientes.

Asalto al Capitolio y documentos clasificados

En noviembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció el comienzo de una investigación para determinar la posible implicación de Donald Trump en el asalto al Capitolio, más otra separada por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

La Fiscalía quiere esclarecer si el entonces presidente instigó a sus seguidores para que estos irrumpieran en el Capitolio.

Las pesquisas se centrarán en averiguar si hubo una o más personas que «interfirieron en el traspaso de poder» y en el proceso de ratificación de Joe Biden como presidente el 6 de enero de 2021 en el Congreso, tras ganar los comicios de 2020 frente a Trump.

En cuanto a los documentos, se estudia cómo fueron manejados y si hubo obstrucción a la Justicia durante la búsqueda de los papeles.

Otro caso penal al que podría enfrentarse Trump está siendo investigado en el estado de Georgia, donde la Fiscalía investiga los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado.

Denuncia por agresión sexual

La escritora E. Jean Carroll ha presentado dos denuncias civiles contra Trump, una por difamación y otra por una agresión sexual que habría ocurrido en los vestidores de la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida a mediados de la década de 1990.

Por un lado, la autora de 79 años mantiene una batalla legal por difamación contra Trump por los términos en que este último negó haberla violado, después de que ella publicara en 2019 su relato en un libro y en un artículo de una revista.

El comienzo del proceso ha sido suspendido temporalmente a la espera de que la Corte de Apelaciones determine si Trump está protegido por la inmunidad presidencial, dado que dichas declaraciones fueron pronunciadas cuando ocupaba el cargo de presidente.

A esa demanda se suma la de propia agresión sexual, que Carroll interpuso el pasado noviembre cuando entró en vigor la nueva Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que abrió una ventana de un año en el estado para buscar justicia por delitos sexuales que habían prescrito.

Finanzas y empresas

Más allá de los procesos dirigidos directamente contra Trump, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, lo acusa a él, a su empresa y a varios de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años para solicitar préstamos y lograr exenciones de impuestos.

La Fiscalía exige a su compañía, la Trump Organization, el pago de 250 millones de dólares y que tanto Trump como sus hijos no puedan volver a hacer negocios en Nueva York.

En relación con estas prácticas, el pasado diciembre dos compañías de la Trump Organization fueron halladas culpables en un tribunal de Nueva York de varios cargos de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos «por debajo de la mesa», dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos.

Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan fueron Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, aunque ni el expresidente ni sus familiares estaban inculpados.