49 personas torturadas en las últimas décadas serán reconocidas y reparadas por el Gobierno de Lakua en función del informe de la comisión de valoración de este año, al que ha tenido acceso NAIZ. Supone un paso adelante respecto a los ejercicios anteriores, aunque todavía queda mucho por hacer si se tiene en cuenta que hay un millar de solicitudes sobre la mesa en total y que el estudio inicial del Instituto Vasco de Criminología acreditó 4.113 casos ya en 2017.
Entre julio de 2022 y julio de 2023, periodo de trabajo que abarca este informe, se han resuelto 131 expedientes, de los cuales 66 han concluido con la propuesta de reconocimiento como víctima, 64 han sido inadmitidos por presentarse fuera del plazo legal y uno ha sido rechazado. Entre los admitidos está el de Joxi Zabala, pero no todavía el de Joxean Lasa, puesto que la solicitud fue en este caso posterior.
De cualquier modo, al tratarse de un caso (secuestros, torturas y muertes) que cuenta son sentencia judicial condenatoria, su aceptación no presenta dificultades. El mayor valor de este proceso estima en reconocer como víctimas a las personas que no cuentan con un fallo judicial que reconozca los hechos, algo que ocurre prácticamente con la totalidad de las personas torturadas. Y es que solo hay 20 sentencias condenatorias firmes en las últimas seis décadas.
Así las cosas, el mayor avance del proceso en este año estriba en que de las 66 personas reconocidas como víctimas, 49 sufrieron torturas. En ejercicios anteriores eran bastantes menos [aquí, el resumen de NAIZ del informe del año pasado, donde la comisión de valoración detallaba los tormentos aplicados por Melitón Manzanas y su grupo tras reconocer dos casos de esa época].
El informe presentado por la comisión, sobre cuyo contenido NAIZ dará más detalles en los próximos días, pasará por el Parlamento para su presentación este próximo lunes. Y el martes se anuncia un acto en el Kursaal de Donostia en que se escenificará ese reconocimiento institucional, largamente demandado y en fase todavía muy incipiente en la CAV y recién abordado en Nafarroa.
Este acto estaba previsto inicialmente a finales de junio, pero, según denunció Egiari Zor, el Gobierno Urkullu lo pospuso por la inminencia de las elecciones estatales del 23 de julio.