Stop Desahucios ha denunciado la situación que sufre Julián, un hombre de 73 años que el pasado 20 de marzo fue desahuciado de su caserío de Astigarraga «sin notificación a su abogada ni previo aviso». «Dado que fue desahuciado con lo puesto, desde entonces sigue sin poder entrar para recoger su ropa, no puede disponer de su documentación ni de las medicinas para las graves enfermedades crónicas que padece», ha advertido la plataforma.

En un comunicado, ha denunciado las «irregularidades judiciales» cometidas en el desahucio de este vecino. Así, ha explicado que no se comunicó el día y hora de lanzamiento del desahuicio ni a Julián ni a su abogada. «Esta irregularidad cogió por sorpresa a Julián ante la irrupción de diez personas, entre ellas la Ertzaintza, la representación legal del prestamista, del cerrajero y agentes judiciales», ha relatado.

A ello hay que sumar, según Stop Desahucios, que «Julián no recibió el acta del lanzamiento que es preceptivo». Critica, además, el proceder del juzgado, «que sin haber resuelto el recurso de reposición presentado en febrero por la abogada de Julián, envía la diligencia de desahucio al Juzgado de Paz de Astigarraga sin comunicárselo a su representación legal».

De acuerdo con esta plataforma, pese a que el mismo día del desahucio el Ayuntamiento de Astigarraga presentó un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Donostia, solicitando autorización para la entrada de Julián a su domicilio para recoger sus pertenencias esenciales, «el juzgado se ha limitado a dar traslado al usurero-prestamista Gormedino SL ‘para que diga lo que a su derecho convenga’. Es decir, el juzgado deja a criterio del prestamista si permite o no la entrada de Julián para recoger su ropa, documentación y medicinas».

Ante este «cúmulo de irregularidades cometidas», Stop Desahucios anuncia que van a ser recurridas por sus abogados, instando la nulidad de las mismas «a fin de conseguir que Julián vuelva a vivir en su caserío donde nació y del que es usufructuario».

Este hombre, que sufre una enfermedad coronaria, vivía hasta ahora en el caserío Guruzeta junto a sus sobrinos (una de ellas tiene una minusvalía) y un hijo de estos, también minusválido. El prestamista Gormendino SL les reclamaba una deuda de 197.715 euros por un préstamo de 147.000 euros que debían ser entregados mediante cuatro cheques, de los que solo fueron entregados dos por valor de 60.000 euros. Estos dos cheques debían devolverse en un año con un interés anual del 15% a pagar cuando vencieron, por lo que les obligaba a devolver los 147.000 euros más un 15% de interés (22.050 euros), junto con un interés de mora de seis meses al 29% por valor de 29.400 euros, lo que hacían un total de 197.715 euros.

En una subasta celebrada en mayo de 2022, el prestamista se adjudicó el caserío en el que Julián, jubilado con una pensión modesta, ha vivido toda su vida.