El anterior diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Carlos Ormazabal (PNV), desoyó las recomendaciones de La Caixa y firmó en nombre de GHK un contrato de permuta financiera de tipos de interés -también denominado swap- pese a que la entidad bancaria le alertó que el producto no era «adecuado» para él «por no poseer los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender y valorar los riesgos».

Lo mismo sucedió con el entonces director del Consorcio, Joxi Etxezarreta, según documentación a la que ha tenido acceso GARA. Entre los «riesgos» de estos productos financieros está la posibilidad de sufrir pérdidas millonarias. El importe de la operación ascendía, según aparece en el documento, a 119.250.000 euros.

Pese a la advertencia de La Caixa y a que ambos reconocen explícitamente en los documentos sus lagunas en materia financiera, firmaron estos compromisos sin informar al Consejo de Administración ni a la Asamblea, tal y como se recoge en un informe del equipo jurídico actual dado a conocer por GARA y NAIZ en su edición del pasado 7 de febrero. También suscribieron un swap con Banesto. La primera consecuencia fue una «minusvalía» o pérdida de 5,7 millones de euros ya desde el momento de la firma.

A 4 meses de las elecciones

Los hechos se remontan a 2011 -finales de enero y principios de febrero-, poco antes de las elecciones municipales y forales de mayo de ese año. La Caixa, en virtud de la normativa relativa a Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID, por sus siglas en inglés), realizó a ambos responsables políticos un test bastante habitual en estos casos y que tenía por objeto «determinar su experiencia y conocimientos de determinados productos y servicios financieros, así como el riesgo inherente a los mismos».

En el epígrafe titulado «Conocimientos de los instrumentos financieros y de los mercados de valores», Ormazabal afirmó entender «algunos conceptos financieros básicos» como «acción, tipo de interés o inflación»; Etxezarreta, ni siquiera eso.

En cuanto a su experiencia, ambos indicaron que nunca han trabajado en el sector financiero y que tampoco han contratado un producto similar al swap.

La entidad bancaria también les planteó si estaban dispuestos a «asumir eventuales pérdidas» económicas, a lo que respondieron que sí. En este punto, cabe recordar que la operación se realizó con dinero público.

Es más, La Caixa preguntó por «el alcance» de las posibles pérdidas, ofreciéndoles varias casillas para marcar con una equis.

La primera planteaba asumir como pérdidas «las primas pagadas en el momento de la contratación». La segunda, las «garantías constituidas inicialmente o durante la vida del instrumento». La tercera, «los pagos ocasionados por las liquidaciones periódicas y/o la cancelación anticipada». Finalmente, la cuarta casilla asumía el riesgo «por cualquiera de los conceptos anteriores». Y este último fue precisamente el espacio en blanco que escogieron.

A raíz de este test, fechado el 1 de febrero, La Caixa les desaconsejó contratar el producto, si bien dejó en sus manos la decisión definitiva. Dos días después, con todo firmado, Ormazabal y Etxezarreta compartían mesa -y angulas- con banqueros y otros dirigentes forales para celebrar la operación.

De «minorista» a «profesional»

En la documentación existe otro aspecto que llama la atención. Según el artículo 78 bis de la Ley del Mercado de Valores, las empresas de servicios de inversión tienen la obligación de clasificar a sus clientes en profesionales o minoristas. Vistos los resultados del test, La Caixa calificó a Ormazabal como minorista, por lo que le correspondía «el máximo nivel de protección» a la hora de contratar productos financieros.

Pero una semana después, el 9 de febrero, el exdiputado de Medio Ambiente solicitó ser considerado como cliente profesional, con un nivel de protección menor.

Fuentes consultadas por GARA apuntan que este cambio se justificaría al entender que Ormazabal actuaba en nombre de una institución pública y que si bien carecía de conocimientos en torno a los entresijos financieros, sí contaba con asesores preparados. La duda estriba en saber por qué no se designó esa calificación desde el primer momento.

300.000 euros mensuales

Fue el actual director del Consorcio de Residuos, Juan Carlos Alduntzin, quien el pasado 1 de febrero reveló públicamente que sus predecesores habían firmado un producto financiero de carácter «especulativo» que obligaba a pagar a GHK unos 300.000 euros mensuales.

La permuta financiera permite convertir en fijo el tipo de interés variable de un crédito. Si el Euribor está alto el cliente gana, mientras que si el Euribor está bajo -como ha sucedido en los últimos años-, pierde.

La situación se agrava porque este swap se aplicó a una previsión de inversión, no a la inversión ejecutada. Los responsables jeltzales redactaron un calendario virtual para la construcción de infraestructuras -con la incineradora como estrella- y se comprometieron a pagar intereses en virtud del mismo.

Alduntzin apuntó que para febrero estaba programado un gasto de 94 millones, cuando en realidad se habían gastado solamente 9,7 para la explanación del terreno de Zubieta y la construcción de caminos. El presidente de GHK anunció medidas judiciales para tratar de anular los swap. Lo que parece evidente es que su antecesor fue advertido de los riesgos.