El fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, no ve indicios racionales del delito de cohecho impropio en el cobro de dietas por parte de la presidenta del Gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina, como aprecia la jueza de Iruñea María Paz Benito, que investiga la causa de Caja Navarra, según publica ‘Diario de Navarra’. La magistrada remitió la causa al Supremo para que valore tomar declaración como imputada a Barcina.

El fiscal asegura que las cantidades que percibió Barcina como miembro de la Comisión Permanente de la Junta de Fundadores –unos 31.324 euros– no puede ser considerados dádivas o regalos ni que se cobraran sin contraprestación alguna.

En su opinión, no recibió las dietas por el cargo público que ostentaba, primero como alcaldesa de Iruñea y luego como presidenta del Ejecutivo, ya que las cajas de ahorros son entidades privadas y los cargos públicos que acceden a sus consejos de administración desarrollan allí una labor privada y no publica.

El fiscal también destaca el hecho de que Barcina decidiera devolver las dietas cobradas demuestra su buena fe y es una prueba de la ausencia de culpabilidad en su actuación, según el citado diario.

En el caso de las dietas están imputados el expresidente Miguel Sanz, el exvicepresidente y exconsejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, el actual alcalde de Iruñea, Enrique Maya, y el ex director general de Caja Navarra, Enrique Goñi.

El fiscal también entiende, según el rotativo navarro, que no hay delito en el caso de estos cuatro imputados.