Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorías de la Audiencia Nacional española, pusieron en marcha ayer una operación para la intervención de bienes muebles e inmuebles cuya propiedad se atribuye a una cincuentena de personas condenadas en causas judiciales relacionadas con ETA o con actos de kale borroka.

Según la nota de prensa emitida por el Ministerio de Interior español, la operación tendría por objeto liquidar «una deuda contraída con el Estado por la responsabilidad civil» a la que fueron condenadas en su día estas personas. La institución presidida por el ministro Juan Ignacio Zoido estima la cantidad pendiente de pago en algo más de ocho millones de euros.

El operativo se tradujo en imágenes poco habituales, como la retirada de vehículos de la vía pública. De acuerdo a la nota de Interior, la Guardia Civil se llevó con la ayuda de la grúa cuatro vehículos, entre ellos una autocaravana, que habrían quedado embargados.

Según distintas fuentes, los agentes se llevaron un Toyota RAV4, aparcado en el polígono industrial Beruko de Barakaldo y que, según se hicieron eco algunos medios, sería utilizado como vehículo de trabajo por una persona condenada en causas de violencia callejera. También retiraron una furgoneta blanca estacionada en el boulevard de Salburua, en Gasteiz, propiedad de otro expreso.

La ejecutoria lanzada por la AN afectaría a bienes diversos, como viviendas, locales comerciales y plazas de garaje, pero también a cuentas corrientes y rentas salariales. En algunos casos, la intervención se concretó en dar traslado a los registros de propiedad la orden respectiva para que estos procedan a hacer el apunte correspondiente, a fin de evitar la transmisión o venta de los citados bienes.

Así se habría procedido en el caso de 14 propiedades inmobiliarias situadas en Hego Euskal Herria y en la Rioja.

Cuentas y nominas

En otros casos, se procedió a ordenar el bloqueo y embargo de unas 45 cuentas bancarias en diferentes entidades financieras. Finalmente, también se libró oficio a algunas empresas que tienen a personas expresas en sus plantillas a fin de que retengan la parte de la nómina que supera el salario mínimo interprofesional. Según Interior, «se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados».

Siempre de acuerdo a las informaciones difundidas por Interior, entre las personas que habrían sido investigadas para determinar si disponían de ingresos o bienes susceptibles de ser embargados a fin de hacer frente a la responsabilidad civil «se encuentran 10 miembros de ETA», mientras que «el resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por esa organización».

Interior remarcó que entre las personas objeto de estas actuaciones se encuentran «algunos históricos activistas» de ETA, tras lo que los medios de comunicación desgranaron los nombres de presuntos afectados.

De acuerdo a la agencia Efe, entre las personas afectadas por esta operación se encontrarían Mertxe Galdos, que recobró la libertad en 2005, tras purgar más de 19 años de prisión y también Enrike Letona.

Galdos se negó a declarar en marzo pasado ante la Guardia Civil que le citó para dar explicaciones sobre el acto de despedida a Belén Gonzalez.

Letona, por su parte, salió de prisión en mayo de 2003, tras cumplir dieciséis años de prisión. Meses después de recobrar la libertad fue detenido en relación a otro sumario relativo a un atentado de 1981. Tras pasar cinco meses encerrado salió en libertad previo pago de una fianza de 12.000 euros.

En todo caso, la mayoría de los medios estatales se centraron en remarcar que en el listado figuraría una expresa, la oreretarra Idoia López Riaño que, tras acogerse a la llamada vía Nanclares, recobró la libertad el año pasado. Distintos medios remarcaron que presos que se acogieron en su día a programas de reinserción «no aportaron sino cantidades simbólicas» a la hora de salir de prisión.

Al tiempo, esos medios remarcaban que la actuación de ayer, circunscrita a «sentencias vivas» (no prescritas), podría extenderse más allá del medio centenar largo de afectados por la que la Guardia Civil bautizó como «Operación Zerga».

Mensaje oficial

Tras dar cuenta de que la investigación en el origen de la operación comenzó hace más de un año, el Ministerio de Interior señaló que la misma «pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean».

La operación vendría a demostrar, al tiempo, «la continuidad en la lucha antiterrorista» en la que insiste el Gobierno del PP, con más insistencia si cabe desde el anuncio de final de ETA, según enfatizó el ministro de Interior, José Ignacio Zoilo, tras presentar en la Playa de Palma el Plan Turismo Seguro 2018.

 

Instituciones Penitenciarias actualiza datos sobre presos

La Secretaría de Instituciones Penitenciarias (IIPP) restó ayer relevancia al encargo de un censo actualizado sobre presos vascos. Según informaciones aparecidas en prensa, la gestión se habría centrado en presos vascos en segundo grado y/o con enfermedades incurables. El informe se habría encargado dos meses antes del anuncio del final ETA. La filtración de esa información fue utilizada por algunas asociaciones de víctimas para pedir explicaciones al Gobierno de PP. Por su parte, el portavoz de Interior de Podemos en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Delgado, que ha ejercido como Guardia Civil durante 25 años, apeló a «tratar con mucha cautela el tema del acercamiento de los presos» y consideró que, tras la desaparición de ETA, «habrá que tomar decisiones». Mientras, el Gobierno de Gasteiz consideró como un trámite ordinario el encargo del censo, secundando en su justificación a IIPP.

En todo caso, la publicación de la información volvió a plantear el debate del cambio de política penitenciaria, ello el mismo día en que Etxerat confirmaba el traslado de Luis Iruretagoiena desde Alençon a Mont-de-Marsan. Con él son ya 13 los presos vascos acercados por París.

 

Sortu aboga por impulsar el nuevo ciclo frente a los ataques

Sortu considera que la mejor manera de contestar a la operación de la Guardia Civil contra expresos y expresas es impulsar el nuevo ciclo. Su secretario general, Arkaitz Rodríguez, denunció que «esta es la respuesta del Estado español al final de ETA». «Quieren mantener este pueblo atado al pasado cuando la sociedad vasca desea avanzar. Siguen haciendo la guerra cuando la sociedad vasca desea la paz», enfatizó.

Rodríguez advirtió de que episodios como esta operación, las pintadas de Hernani, intoxicaciones mediáticas o el juicio de Altsasu tienen como objetivo «obstaculizar el camino de la paz y la libertad». Ante la apuesta estatal por la violencia, Sortu deja claro que «no conseguirán mover un ápice ni a la izquierda abertzale ni a la sociedad vasca» en esa apuesta.

Desde LAB abogaron porque los agentes vascos hagan frente al inmovilismo. «Deberíamos ponernos en el camino de construir nuevos consensos», apuntaron, no sin antes señalar el papel que está jugando el PNV con su apoyo a los presupuestos del Gobierno del PP y en darle estabilidad.

Sare aseguró que la operación supone profundizar en la vulneración de los derechos humanos de las personas presas, tanto en las cárceles como cuando recobran la libertad tras cumplir la condena.