«Se trata de una batalla absolutamente artificial», ha respondido el titular de Educación ante los reproches por el tratamiento de las lenguas cooficiales en su reforma educativa. En el debate, el PSC ha pedido su dimisión y ERC le ha advertido de que «no se moverán», mientras mostraban un cartel en el que se podía leer ‘Keep Calm and speak catalan’.

«Nosotros no tenemos la menor intención de atacar la escuela en catalán», ha insistido Wert, que ha reprochado a los diputados que no centren el debate en el rendimiento del sistema educativo, después de conocer un informe internacional que «saca los colores a España», pues dice que los estudiantes de 4º de Primaria tienen un conocimiento «muy deficiente» en Lengua, Matemáticas y Ciencias.

Wert, que ha hecho esta propuesta en el Congreso español durante el debate de una interpelación de CiU sobre la «acción discriminatoria» que el anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) supone para el modelo lingüístico catalán, ha pedido a CiU que se siente a negociar porque «no se puede encontrar una base de acuerdo para modificar aquello que no se ha comprendido».

Por ello, el titular de Educación ha instado al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antonio Duran i Lleida, que ha defendido la interpelación urgente, a sentarse «sin prejuicios» para encontrar un mecanismo que dé efectividad al anteproyecto y se ha mostrado convencido de que se tratará una fórmula «libre y eficaz».

«Un modelo talibán»

El debate ha subido de tono cuando el diputado de ERC Alfred Bosch le ha preguntado «por qué quiere liquidar la escuela en catalán» y ha advertido a Wert de que el Gobierno español «no conseguirá romper (a la sociedad catalana) por la lengua u origen». «Ya vale de tonterías con la lengua, ya vale de tocar lo más querido. Estamos hartos de su prepotencia y malas intenciones», ha aseverado.

Bosch ha preguntado también al titular de Educación que si para hacer cumplir la futura ley en Catalunya, el Ejecutivo de Mariano Rajoy va a poner un guardia civil en cada aula. «No nos moverán. No acataremos», ha insistido el diputado catalán, que ha comparado la reforma educativa del Gobierno con el franquismo.

Por su parte, el diputado de ICV Joan Coscubiela ha acusado a Wert de querer «uniformar y segmentar» al alumnado con su reforma educativa, expulsando del sistema a los fracasados para que dejen de ser un «obstáculo» para los excelentes, de querer «mercantilizar» la enseñanza favoreciendo al modelo privado, «segregar» al alumnado por sexo y de favorecer a la jerarquía católica. «Es un modelo talibán», ha apostillado.

«Me trae sin cuidado que pidan mi cese»

El parlamentario del PSC Francesc Vallès ha advertido de que el Gobierno español ha generado «un conflicto social y civil» por el tratamiento de las lenguas en el borrador y ha insistido en que si Wert quiere «imponer» una lengua sobre otra, «debería ser cesado». «Su mandato tiene fecha de caducidad y la lengua seguirá ahí porque va a contar con la oposición de todo un pueblo», le ha advertido.

«Para no tener preocupación por mi futuro, es la tercera vez que dice que me cesen y me trae sin cuidado», ha contestado el titular de Educación a Vallès, que ha defendido que lo único que pretende con el proyecto de ley es «hacer cumplir la Constitución».

El PNV tiene «una mala traducción» del anteproyecto

Desde las filas del PNV, la diputada Arantza Tapia ha asegurado que la reforma es «un pretexto» para «hacer ideología y uniformar el modelo educativo de España» y ha considerado que la actitud del ministro es «agresiva» y condena el catalán y el euskara a la «mediocridad».

El titular de Educación ha invitado a la diputada jeltzale «a leer juntos el anteproyecto» y al hacerlo, ha dicho, «se dará cuenta de que estamos mucho más de acuerdo de lo que piensa». Considera que Tapia tiene «una mala traducción» de la norma.

Wert se ha mostrado convencido de que el anteproyecto «deja espacio a la decisión de las familias». «Son las que tienen la última palabra, sobre el modelo A, el modelo B o el modelo C».

Por tanto, ha dicho, es un sistema «respetuoso con la libertad de los padres y con los deseos de normalización lingüística que puede legítimamente tener el Gobierno».