En la cuestión no ha habido unanimidad en el pleno, donde la consejera Cristina Narbona ha votado en contra porque la iniciativa va dirigida a la vuelta en operación del reactor de Garoña sin que el regulador atómico haya aclarado ni debatido de manera técnica y jurídica las «implicaciones» de la solicitud del titular, Nuclenor, de renovar su licencia hasta 2031, un periodo superior al de las Revisiones Periódicas de Seguridad, que se realizan cada 10 años, normalmente coincidiendo con las peticiones de renovar los permisos.

Según el pleno, el informe responde a los requisitos del CSN exigidos a Nuclenor en la Instrucción Técnica Complementaria sobre la documentación y los requisitos adicionales previos a discutir la solicitud de renovación de la central atómica de Garoña, ubicada a escasos 60 kilómetros de Gasteiz.

La actualización de las curvas de presión-temperatura (P-T) son calculadas para 40, 50 y 60 años de operación correspondientes a los escenarios de arranque y parada en operación normal y de prueba hidráulica, así como para las condiciones de núcleo crítico. También se entiende que la vasija está en condiciones de vacío y se ha analizado la adecuación de las curvas de P-T a esta situación. Esta revisión sería aplicable «solo en el caso» de que el titular lograse una renovación de la autorización de su explotación.

Durante el pleno se ha puesto en evidencia las diferencias sobre la cuestión de Garoña, ya que además del voto en contra y voto particular presentado por la consejera Narbona, tanto el presidente, Fernando Martí, como el consejero Fernando Castelló Boronat, han adjuntado al acta del pleno del día 4 de noviembre sus respectivos votos particulares, a favor de la decisión y en contra de la postura de Narbona.

Voto particular de Narbona

Así, en su voto particular, Narbona se reitera en el contenido de su voto particular emitido en julio de 2014 en el que discrepa de la decisión del pleno porque es «la primera vez en la historia» en el Estado español en que un titular de una central solicita renovar su autorización de explotación por más de 10 años y esto «implica la disociación automática» de las Revisiones Periódicas de Seguridad del tiempo de duración de las renovaciones de las autorizaciones de explotación. A su juicio, esto rompe «una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde la década de los años 90».

Además, afirma que también es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear del Estado que un titular ha solicitado operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial y esto supone un incremento de los residuos nucleares.

«La calidad de los procesos de regulación son inherentes y consustanciales a las garantías de seguridad», considera Narbona que no identifica el objetivo general de la mejora de la seguridad nuclear y radiológica en el «inédito» proceso de renovación que sigue el regulador sobre Garoña, ya que se ha iniciado la evaluación para su renovación sin que el Pleno haya aclarado aún si puede o no aceptar tal «anómala solicitud de Nuclenor».

Por ello, reitera su petición de que el pleno delibere y decida «cuanto antes» respecto a la vigencia de la práctica de asociar las revisiones periódicas de seguridad con el periodo de autorización de explotación. A este respecto, estima que si el pleno decide cambiar esta práctica tendría que explicar las mejoras técnicas y jurídicas que introduciría tal disociación en la seguridad nuclear y radiológica y, también, las implicaciones de operar un reactor a 60 años. «Hasta que esto no se produzca, esta consejera considera inadecuado proseguir con el proceso de evaluación de la central», concluye Narbona.

Del mismo modo, el presidente del CSN ha presentado su voto particular para justificar su voto favorable en el que el expediente votado está incardinado en el cumplimiento de los propios acuerdos del pleno del regulador atómico en julio de 2014 en el que se establecían una serie de requisitos a Garoña, como condición previa a estudiar su solicitud de renovación.

En su opinión y respecto al voto en contra de Narbona, Marti Scharfhausen argumenta que la reiteración de argumentos, opiniones y juicios de valor no introduce elemento novedoso alguno para la seguridad nuclear. «Considero que dicha reiteración sí menoscaba la credibilidad de este organismo regulador, cuya misión no es otra que garantizar la seguridad nuclear», concluye el presidente.

Asimismo, estima que se repiten conceptos separados como asociar o identificar los periodos de tiempo de la revisión periódica de seguridad para analizar tendencias e incorporar lecciones, con el nuevo tiempo por el que se solicita o se revisa las condiciones de las seguridad para la operación a largo plazo, siempre a futuro.

Por su parte, el consejero Castelló Boronat es más exhaustivo en su explicación de voto y sus opiniones respecto a su compañera Narbona. En concreto, recuerda que el argumento de Narbona sobre la necesidad previa de un debate técnico y jurídico sobre la propia solicitud de Nuclenor «en su momento solo contó con un solo voto» y que el pleno adopta las decisiones por mayoría.

A su juicio, la existencia o no de un debate amplio sobre un proceso regulatorio, no puede ni debe predeterminar el voto concreto sobre un asunto que técnicamente está «perfectamente soportado y argumentado» por el cuerpo técnico.

De este modo, opina que la reiteración de los argumentos ya expuestos y conocidos por Cristina Narbona en su momento, «fundamentados en el error conceptual de confundir los mecanismos de evaluación» de una revisión periódica de seguridad sobre los diez años pasados, con los de la evaluación para la continuidad de Garoña en el futuro «no pueden utilizarse de forma reiterada, en contra de la amplia mayoría de los miembros del Pleno, ya que pueden confundir a la opinión pública y menoscabar la credibilidad del regulador nuclear».

Castelló califica de «extemporáneo» plantear este tipo de cuestiones que no son objeto de lo que se está analizando en el pleno y que, de hecho, ya han sido objeto de análisis por parte del mismo o que lo serán en su momento.

«La existencia o no de un debate amplio sobre un proceso regulatorio no puede ni debe predeterminar el voto concreto sobre un asunto, que técnicamente está perfectamente soportado y argumentado por el cuerpo técnico», manifiesta el consejero.

Finalmente, insiste en que en su opinión, «no parece oportuno ni conveniente que se aproveche cada ocasión que se incluye en el orden del día un asunto relativo a una instalación determinada, en este caso Santa María de Garoña».