El Parlament de Catalunya ha aprobado este mediodía declarar «solemnemente el inicio del proceso del estado catalán independiente en forma de república». Los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP han bastado para aprobar la contundente resolución que añade que «este Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia».

El unionismo ha votado en bloque en contra, aunque el mayor espectáculo lo han dado los 11 diputados del PP, que tras la aprobación de la Declaración, mientras los representantes de JxSí y la CUP aplaudían, se han levantado con banderas españolas y senyeras.

«Pueden hacer los juegos numéricos que quieran, pero la realidad, tozuda, es que el 27 de setiembre votamos para ejercer el derecho a decidir, después de años de reclamar un derecho, hemos decidido ejercerlo». El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha arrancado con estas palabras el pleno del Parlament.

«No es una DUI (Declaración Unilateral de Independencia), pero si un acto de soberanía y dignidad, es un acto de ruptura», ha apuntado, a su vez, la diputada de la CUP Anna Gabriel, que ha reclamado, como camino a seguir, «no cerrar el proceso entre cuatro paredes, sumar mayorías y no convertir estas mayorías en pasivas, sino convertirlas en un pueblo activo». «Debe ser un proceso constituyente no subordinado», ha añadido.

Antes, Romeva ha desgranado uno a uno los nueve puntos de la declaración, que ha explicado que es consecuencia directa de los resultados del 27S y que persigue el objetivo de «empezar ya en la construcción de un estado que de respuesta a las necesidades» de los catalanes. «Quizás hay quien piense que esto se para en los tribunales, pero esto ya no tiene freno. Si no es hoy será mañana. Si no somos nosotros serán otros, pero este país hace tiempo que ha dicho que es el momento de ir a por todas».

En su turno, Gabriel se ha centrado en desgranar los puntos del anexo pactado por Junts pel Sí y la CUP, que desarrolla el punto octavo de la Declaración, que pone las bases para desobeder la Ley Wert o la ‘Ley Mordaza’, así como para garantizar el derecho al aborto o la sanidad universal. «Un anexo para todo un futuro, nunca más un país sin su gente», ha asegurado Gabriel, que ha acabado su intervención con un «Salut y República!».

C's, PSC, CSQP y PP, en bloque

No ha habido sorpresas en la bancada contraria a la independencia, en la que, pese a diferentes matices, todos han entonado la misma música. El portavoz de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, ha desarrollado un discurso beligerante contra el independentismo, al que ha acusado de realizar una «interpretación tramposa» de los resultados del 27S. «No tienen legitimidad para esta declaración», ha añadido Coscubiela, que ha defendido la contradeclaración propuesta y votada hoy mismo en el Parlament. Solo los 11 diputados de CSQP han votado a favor de esta resolución alternativa que apuesta por pedir, de nuevo, un referéndum al Estado.

El nuevo líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, ha hecho honor a su fama y ha cargado con dureza contra Junts pel Sí y contra la CUP, así como contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. «Lo podemos decir más alto, pero no más claro. No vamos a permitir que ningún catalán tenga que utilizar el pasaporte para salir de Catalunya», ha añadido Albiol, quien, sobre el choque de trenes, ha considerado que «cuando alguien se tira a las vías de tren, no hay choque, hay un suicidio».

También se ha estrenado al frente de su Grupo Parlamentario la diputada de Ciutadans Inés Arrimadas, que ha descrito la Declaración como «el mayor desafío a la democracia en los últimos 30 años». «España hay que reformarla, no romperla», ha añadido, reiterando por enésima vez una de las máximas del partido naranja.

Por último, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que «situarse fuera de la ley es temerario y tiene costes». «¡No tienen ningún derecho! Además de ilegal, no tienen ningún mandato democrático para dar un paso de estas consecuencias», ha considerado.